La Corte analizó el caso de una niña en condición de movilidad humana que atravesó un proceso de transición de género y a quien, en su institución educativa, no se le permitió usar el nombre con el que se sentía identificada, se le restringió la posibilidad de acceder al baño o utilizar un uniforme que corresponda con su identidad de género y fue excluidas de varias actividades sociales.

En la sentencia, la Corte subrayó que el sexo y la identidad de género son construcciones sociales que dependen de la autopercepción de cada individuo, vinculadas al libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada.

En cuanto al ámbito educativo, la Corte destacó que las medidas que asumen que todas las personas se identifican con el sexo asignado al nacer pueden tener un impacto negativo en los niños, niñas y adolescentes en proceso de afirmación de su género, o en aquellos que buscan expresar su identidad de género en un entorno seguro. En este contexto, se indicó que el propósito de la educación no se limita solo a la adquisición de conocimientos, sino que también debe promover el pleno desarrollo de la personalidad y el ejercicio de otros derechos humanos. Por ello, se enfatizó la necesidad de que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, brinden apoyo a los procesos de transición de género de sus estudiantes.

Entre otras medidas, se ordenó al Ministerio de Educación desarrollar un protocolo de inclusión para estudiantes con diversidad sexo-genérica.