La Corte Constitucional analizó el caso de una abuela paterna que solicitó ser la responsable legal del cuidado de sus nietos: una niña y dos niños. La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia le había otorgado la custodia, por haber constatado los estrechos lazos afectivos que había entre ellos. No obstante, los jueces dispusieron la entrega inmediata de la custodia a la madre, pese a que existían situaciones de violencia mientras se encontraban bajo su cuidado.

En la sentencia, la Corte Constitucional enfatizó que, cuando quienes administran justicia ordenan la entrega inmediata de niños, niñas y adolescentes, no deben partir de consideraciones relativas al derecho de un progenitor o progenitora a permanecer con sus hijos e hijas, o al sexo de uno de los progenitores, sino que tales decisiones deben adoptarse sobre la base del bienestar de las niñas, niños y adolescentes, antendiendo al principio de Interés Superior del Niño.

En este caso, los jueces de apelación no evaluaron la vulnerabilidad específica de los niños y la niña, especialmente la condición de salud de la niña (portadora de VIH), así como tampoco garantizaron sus derechos de manera prioritaria.

Del mismo modo, se estableció que se vulneró el derecho de la niña y de los niños a ser escuchados; ya que, a pesar de tener edad suficiente para expresar su opinión, no fueron consultados sobre una decisión que afectaba su estabilidad y su entorno familiar. Como medidas de reparación, se dejó sin efecto la sentencia que entregaba la custodia a la madre y se mantuvo la custodia en favor de la abuela, reafirmando que el Interés Superior del Niño debe prevalecer sobre los derechos individuales de los padres. Además, se ordenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que priorice la atención de la salud física y psicológica de la niña y de los niños.