La Corte Constitucional analizó el caso de una persona adulta en situación de calle, analfabeta y no vidente. Esta persona no había sido registrada al nacer, lo que le impidió obtener un documento de identidad que le permitiera acceder al carné de discapacidad, servicios públicos, beneficios sociales y a ejercer acciones legales para defender sus derechos. Al acudir al Registro Civil para inscribir su cédula, se le negó la solicitud; pues se le informó que, en el caso de personas mayores, la inscripción debe realizarse a través de un proceso judicial.

En la sentencia, la Corte Constitucional reafirmó que el no contar con la cédula de identidad no solo imposibilita que una persona se identifique ante la sociedad y frente al Estado, sino que repercute negativamente en el ejercicio de múltiples derechos constitucionales. Además, señaló que el Registro Civil no analizó la situación particular de vulnerabilidad de la persona en situación de calle, por lo que se vulneró su derecho a la identidad y a acceder a servicios públicos de calidad.

El fallo subraya la importancia de eliminar obstáculos que dificulten el acceso a los derechos, especialmente para aquellas personas en situaciones más vulnerables, y establece que la justicia debe ser accesible para todos, especialmente cuando se trata de inscripciones vitales como la cédula de identidad.